El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó la detención del empresario mexicano Carlos Federico Valenzuela Cadena, de 63 años, quien fue aprehendido el pasado 16 de enero de 2026 en Houston, Texas. El empresario, también enfrenta acusaciones de varios delitos en México, entre ellos crimen organizado, fraude y extorsión.
De acuerdo con el ICE, Valenzuela Cadena es considerado un “delincuente indocumentado” que intentó ocultarse en Estados Unidos para evadir la justicia mexicana. En el comunicado a través de la red social X, la agencia subrayó que “Estados Unidos no es un refugio seguro para inmigrantes ilegales criminales”.
En México, el empresario está implicado en diversas investigaciones judiciales, especialmente vinculadas con fraude inmobiliario y despojo de terrenos en Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, una de las regiones de mayor plusvalía del país. Los expedientes abiertos señalan que Valenzuela habría operado con métodos irregulares durante años para evadir responsabilidades, haciendo uso de influencias y redes que facilitaban la aprobación de proyectos inmobiliarios y otras operaciones financieras atípicas.
La detención representa un punto de inflexión en las investigaciones vinculadas a irregularidades en el sector inmobiliario de Nayarit, pues se esperan que, al ser entregado por las autoridades estadounidenses, pueda enfrentar cargos formales en territorio nacional y aportar información que permita profundizar líneas de investigación relacionadas con la presunta participación de otros actores en redes criminales.
ICE indicó que Valenzuela será entregado a las autoridades mexicanas para responder por los delitos que se le imputan, sin detallar la fecha exacta de traslado o el proceso legal que seguirá una vez en México. Asimismo, se subrayó que la captura se dio en el marco de operaciones migratorias destinadas a localizar a personas que enfrentan órdenes de aprehensión vigentes en sus países de origen.
El caso ha despertado atención pues se tendrá que involucrar la cooperación entre autoridades migratorias de Estados Unidos y procuración de justicia en México, así como la posibilidad de que durante el proceso se revele la participación de otros actores políticos y empresariales en una red más amplia de delitos financieros y evasión de la ley.
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