Por Ricardo Sevilla
El pasado domingo 25 de enero (2026), en Salamanca, Guanajuato, un campo de fútbol amateur se convirtió en una espeluznante zona de guerra.
Hubo una masacre que dio como saldo 11 muertos y 10 heridos.
El supuesto móvil, aseguraron las autoridades estatales, habría sido una disputa territorial CJNG vs CSRL.
Lamentablemente, esta clase de ataques no son infrecuentes en la región. Guanajuato, desde hace años, está en garras del crimen organizado. Y es que, días antes (el pasado 20 de enero), en San Miguel de Allende se sufrió un ataque similar donde hubo tres víctimas mortales, incluyendo un menor de edad.
La respuesta de la Fiscalía de Guanajuato, bajo el mando de Gerardo Vázquez Alatriste, activó su maquinaria de relaciones públicas. Hubo operativos rápidos y mediáticos en las localidades de Villagrán y Juventino Rosas (bastiones del CSRL).
El resultado arrojó dos detenidos que fueron presentados como “trofeos”.
Las detenciones, sin embargo, no son fruto de una investigación sólida sino una acción de control de daños ante la presión mediática de las masacres.
¿Y sabe por qué? Porque Gerardo Vázquez Alatriste, el fiscal del estado de Guanajuato, no es un novato. Conoce perfectamente los asuntos judiciales y ministeriales. Lamentablemente, su historial está marcado por la gestión de la impunidad, no de la justicia.
Pero déjeme darle algunos antecedentes de Gerardo Vázquez Alatriste. El actual fiscal de Guanajuato, un personaje muy cercano a la gobernadora panista, Libia, Denisse, fue Fiscal Especial del caso Cardenal Posadas Ocampo. El resultado de su trabajo, como bien se sabe, ha dejado 30 años de impunidad, 100 tomos de papel y cero sentencias firmes por el homicidio.
Como delegado de la FGR, Gerardo Vázquez Alatriste es señalado por haber encubierto el desfalco de 50 millones de pesos en el ISSSTE.
Lo curioso es que Gabriel Cortés, en ese entonces director del ISSSTE, hoy es el actual secretario de salud de Guanajuato.
Lamentablemente, la gobernadora, Libia, Denisse, conocía perfectamente los señalamientos contra su secretario de salud y la negligencia de la obra fiscal, y aún así , ratificó a ambos impuestos clave de seguridad y de salud.
Guanajuato, desafortunadamente, ha perdido su característica definitoria: el uso legítimo y exclusivo de la fuerza. Hoy, el crimen organizado, parece marcar el rumbo de esa entidad mal gobernada por el PAN.
Seamos claros: las detenciones “exprés” tras estas masacres no buscan justicia real, sino calmar la ansiedad pública de manera momentánea. Es una performance de las autoridades de Guanajuato para simular que tiene el control, cuando, en realidad, la estructura criminal sigue intacta.
La gobernadora Libia Denisse debería entender que cuando ocurren masacres en espacios públicos, como sucedió el domingo pasado, en el campo de fútbol, y a plena luz del día, el mensaje es que el Estado queda reducido a un actor secundario. Los cárteles (CJNG y CSRL) ejercen la soberanía de facto sobre el territorio y sobre la vida de los ciudadanos.
El discurso del Fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, quien presume que “Nuestro compromiso es la justicia”, genera una suerte de cinismo político. ¿Y sabe por qué? Porque, en tres semanas, Guanajuato lleva 53 asesinatos.
En Guanajuato, tristemente, la sociedad ya no espera justicia; espera sobrevivir. Las palabras de la fiscalía, avaladas por la gobernadora, se siente como “burlas” o, peor aún, como “ironías macabras”.
En Guanajuato, tristemente, las balas del crimen organizado matan cuerpos, pero la corrupción de la Fiscalía, infelizmente, mata la esperanza.
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