La jornada de revocación de mandato celebrada este domingo 25 de enero de 2026 en Oaxaca no sólo representó un ejercicio inédito de democracia participativa en la historia reciente del estado, sino que terminó por convertirse en un mensaje político claro: una parte significativa de la ciudadanía decidió refrendar la continuidad del proyecto encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz y avalar el rumbo de su administración.
Más allá del debate técnico sobre la participación y la vinculatoriedad del resultado, el proceso dejó una señal política relevante. En un contexto nacional marcado por la desconfianza hacia la clase política, la estabilidad institucional y la gobernabilidad que ha mantenido Oaxaca durante los últimos años se colocaron en el centro de la discusión pública. Para amplios sectores sociales, la consulta funcionó como un mecanismo de evaluación directa sobre un gobierno que ha priorizado la inversión social, el fortalecimiento de las comunidades y la recuperación del papel del Estado en regiones históricamente olvidadas.
Desde el inicio de su mandato, Salomón Jara ha impulsado una agenda centrada en el combate a la desigualdad, el impulso a la infraestructura comunitaria y el diálogo permanente con los pueblos indígenas. Programas de caminos rurales, salud comunitaria, apoyo al campo y fortalecimiento de la educación pública han sido algunos de los ejes que han permitido mejorar la presencia del gobierno estatal en zonas donde durante décadas predominó la ausencia institucional.
La propia convocatoria a la revocación de mandato fue leída por muchos analistas como una muestra de seguridad política. Someterse voluntariamente al juicio ciudadano en la mitad del sexenio implicó un riesgo que pocos gobernadores estarían dispuestos a asumir. Lejos de evadir el escrutinio, el Ejecutivo estatal aceptó un mecanismo que fortalece la rendición de cuentas y coloca al ciudadano en el centro de la decisión pública.
Durante la jornada, el gobernador acudió a emitir su voto sin estridencias ni triunfalismos. Su mensaje fue sobrio: aceptar sin reservas la decisión de la ciudadanía. Ese gesto, simple en apariencia, tuvo un peso simbólico importante en un país donde históricamente el poder ha sido reacio a someterse a mecanismos de control directo.
Los resultados preliminares, aunque sujetos al cómputo oficial, mostraron una tendencia clara a favor de la continuidad. Para sus simpatizantes, esto no es un cheque en blanco, sino un reconocimiento a un estilo de gobierno que ha privilegiado la cercanía territorial, la atención directa de conflictos sociales y una política de diálogo que ha permitido desactivar crisis potenciales en regiones complejas del estado.
En términos políticos, la revocación terminó funcionando como una ratificación de mandato. No solo confirmó la vigencia del liderazgo de Jara dentro de Oaxaca, sino que también fortaleció su posición dentro del escenario nacional, donde los gobernadores con respaldo ciudadano real son cada vez más escasos.
Por supuesto, el ejercicio no estuvo exento de críticas. Sectores sindicales y opositores cuestionaron el uso de recursos públicos y la oportunidad del proceso. Sin embargo, incluso estas voces reconocieron que la jornada transcurrió con orden institucional y sin una ruptura grave de la gobernabilidad.
En una democracia joven como la mexicana, la revocación de mandato no debe entenderse únicamente como un instrumento de destitución, sino también como una herramienta de legitimación. En este caso, Oaxaca ofreció un ejemplo poco común: un gobernador que se somete al juicio ciudadano y una ciudadanía que, con su participación, decide dar continuidad a un proyecto que considera funcional.
Al final, el mensaje que dejó el 25 de enero es sencillo pero potente: en tiempos de polarización, la estabilidad, el trabajo territorial y la rendición de cuentas siguen siendo activos políticos valiosos. Y en Oaxaca, al menos por ahora, la confianza decidió mantenerse.
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