Mientras la Ciudad de México reconoce el aumento de suicidios y despliega una estrategia pública de atención a la salud mental, entidades con mayores cifras absolutas, como Jalisco y Chihuahua, carecen de propuestas integrales por parte de sus gobiernos estatales.
La Ciudad de México cerró 2025 con 493 suicidios registrados, posicionándose en el cuarto lugar a nivel nacional en número absoluto de casos, solo detrás del Estado de México, Jalisco y Chihuahua, según datos presentados por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en conferencia sobre estrategia de salud mental.
Aunque la tasa de suicidio en la capital, 5.3 por cada 100 mil habitantes, se mantiene por debajo de la media nacional (7.1), el volumen absoluto de casos revela una problemática de gran alcance, especialmente entre mujeres de 15 a 19 años y hombres de 20 a 24 años, en los rangos del año pasado.
Ante este contexto, Clara Brugada, presentó el programa “Vida Plena, Corazón Contento”, una estrategia de atención integral a la salud mental que opera desde 2025 en la mayoría de las secundarias y planteles de nivel medio superior de la ciudad. Brugada destacó que la iniciativa ha permitido detectar al menos 75 casos de riesgo suicida entre estudiantes durante su primer año de implementación y brindar atención directa a 700 mil personas a través de más de 11 mil 500 actividades con apoyo de más de 200 profesionales en salud mental, con cobertura en 802 escuelas secundarias y 285 planteles de nivel medio superior.
Además de programas educativos y guías de actuación para prevenir crisis emocionales en el entorno escolar, la mandataria capitalina anunció planes para la creación de un Instituto de Atención a la Salud Mental, la apertura de 100 Centros de Cuidado de las Emociones y una clínica de emergencia con atención 24 horas, instrumentos que, afirmó, buscan atender de manera más estructural la crisis psicosocial.
Sin embargo, en entidades que también se ubicaron por encima de la Ciudad de México en cifras absolutas de suicidio, Jalisco y Chihuahua, no se han conocido propuestas públicas que integren estrategias de atención psicosocial como en el gobierno capitalino.
Los gobiernos de Pablo Lemus en Jalisco y de Maru Campos en Chihuahua, han enfrentado series de retos en materia de seguridad y salud pública, pero hasta la fecha no han impulsado programas comparables centrados en la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental en educación básica o media superior, lo que coloca a esas administraciones ante cuestionamientos sobre priorización de políticas sociales frente a indicadores preocupantes.
Esta disparidad en propuestas ocurre en un escenario donde el suicidio se perfila como un desafío de salud pública complejo que no se limita a tasas generales, sino que exige respuestas integrales que conecten detección temprana, atención y acompañamiento.
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