Durante 2025, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) registró un aumento en sus operaciones de detención de migrantes, triplicando el número de arrestos con respecto al año anterior, acumulando casos de abusos y violencia en sus operativos.
De acuerdo a los registros oficiales de ICE, la agencia detuvo 307 mil 683 personas en 2025, un incremento de 229% respecto a las 93 mil 342 detenciones de 2024. Esta cifra representa una de las más altas de detenciones por parte de la agencia en años recientes.
Desde febrero de 2025, poco después de que Donald Trump asumiera su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, se mantuvo al alza hasta el último trimestre del año y el promedio mensual de arrestos alcanzó alrededor de 36 mil detenciones mensuales.
Las cifras también reflejan un cambio en las prioridades operativas de ICE. Aunque la agencia argumenta que sus acciones se dirigen a personas con antecedentes penales o cargos vigentes, los datos muestran que una parte significativa de quienes permanecen bajo custodia no tienen condenas ni procesos criminales activos, sino que fueron detenidos por violaciones de las leyes migratorias.
El patrón de detenciones ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes, quienes señalan que agentes han llevado a cabo redadas agresivas en comunidades, negocios y zonas residenciales, en ocasiones sin identificaciones visibles o con tácticas que, aseguran, apuntan a personas por su apariencia étnica o nacionalidad.
Desde septiembre de 2025, se han documentado varios casos en los que agentes de ICE dispararon contra personas durante operativos, provocando la muerte de migrantes, entre ellos el mexicano Silverio Villegas González, y otros heridos en enfrentamientos con las autoridades.
Los números de detenciones masivas también han ejercido presión sobre los centros de custodia, donde las personas continuaban detenidas en enero de 2026 con cifras récord. Según las propias cifras de ICE, cerca de 68 mil 990 personas estaban bajo custodia en ese mes, de las cuales al menos la mitad no tenían antecedentes penales.
Expertos advierten que el clima de persecución ha provocado rupturas familiares, desplazamientos internos y un aumento del miedo a denunciar abusos o acceder a servicios básicos, incluso entre migrantes con años de residencia en Estados Unidos. Respondiendo más a una narrativa política de confrontación que a una solución estructural al fenómeno migratorio.
El uso de redadas agresivas, la criminalización de personas sin antecedentes y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas para ICE reflejan una política que privilegia el castigo sobre la protección de la vida. En lugar de atender las causas estructurales de la migración, la ofensiva del gobierno de Trump consolida un modelo basado en el miedo, la exclusión y la deshumanización de quienes cruzan fronteras en busca de sobrevivir.
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