El pasado domingo 28 de diciembre, el accidente ocurrido en el Tren Transístmico dejó una estela de dolor que merece, antes que cualquier debate político o especulación, respeto, solidaridad y acompañamiento a las víctimas y a sus familias. Ante una tragedia de esta magnitud, la primera responsabilidad social es la prudencia.
En este momento, todo apunta a que se trató de un accidente trágico. Sin embargo, asumirlo como tal no exonera al Estado mexicano de su deber más elemental: investigar con rigor técnico, independencia y transparencia. La prudencia no debe confundirse con omisión.
Cuando ocurre un evento de esta naturaleza, todas las autoridades responsables de la seguridad, operación, construcción y mantenimiento del sistema ferroviario están obligadas a activar protocolos de emergencia institucional y ordenar peritajes técnicos exhaustivos que permitan identificar causas reales y no explicaciones convenientes. Una investigación seria debe responder, con datos verificables, preguntas fundamentales sobre el estado de la infraestructura, el material rodante, los programas de mantenimiento, los protocolos de operación y la actuación del personal involucrado.
En este punto, resulta indispensable referirse a las normativas ferroviarias que rigen a los sistemas de transporte más seguros del mundo. Organismos como la Federal Railroad Administration (FRA) de Estados Unidos establecen criterios estrictos sobre inspección de vías, puentes, frenos, señalización y certificación de operadores. En Europa, los estándares EN y los sistemas de gestión de seguridad ferroviaria obligan a realizar análisis de riesgo sistémico y a documentar cada decisión técnica relacionada con la seguridad.
México cuenta con ingenieros, peritos e investigadores de alto nivel capaces de aplicar estos criterios. No obstante, la credibilidad de la investigación dependerá de que se demuestre públicamente que se evaluó el cumplimiento o incumplimiento de dichos estándares. Y si existiera cualquier duda sobre independencia o integridad, la participación de expertos internacionales independientes no debería descartarse, sino considerarse una práctica responsable.
Más allá del esclarecimiento del hecho, está en juego algo mayor: la seguridad nacional y la confianza pública. El Tren Transístmico es infraestructura estratégica, y por ello toda hipótesis debe ser analizada con seriedad, desde fallas técnicas o errores humanos hasta, si fuera necesario, la posibilidad de un acto deliberado. El sabotaje a un medio de transporte de esta categoría, aunque poco común, no puede ser ignorado sin análisis profundo, porque sus implicaciones trascienden lo local.
La investigación no debe orientarse a encontrar culpables inmediatos, sino verdades técnicas, responsabilidades institucionales claras y, sobre todo, medidas preventivas que eviten que una tragedia similar vuelva a ocurrir.
Remate editorial
Las tragedias no se honran con discursos ni con archivos cerrados, sino con instituciones que funcionan. Investigar a fondo no es un acto de desconfianza, es un acto de responsabilidad.
Cuando se trata de vidas humanas y de infraestructura estratégica, la transparencia no es una concesión política: es una obligación del Estado.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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