La condena que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos va contra Felipe Calderón. Su participación, pero principalmente su omisión lo convierte en cómplice con mayor responsabilidad de esta barbarie que sólo gente enferma puede llevar a cabo.
Hubo fotografías, testimonios, grabaciones, que fueron a dar al periódico El Mundo, de Orizaba, Veracruz, luego de la salvaje violación de los soldados a Ernestina Ascencio Rosario, indígena de la sierra de Zongolica de Veracruz, en 2007.
Todas fueron decomisadas por autoridades federales, a los directivos de ese periódico, con la anuencia de Calderón e intermediarismo del gobernador Fidel Herrera, quien, a pesar de ser priista, siempre fue servil con el presidente panista Felipe Calderón
La impunidad y la complicidad no hubiera llegado a estos niveles sin la colaboración de Fidel Herrera, quien operó, la entrega de todas las evidencias del caso, tomados no sólo por periodistas sino por los propios soldados.
Fidel Herrera está muy lejos de ser una persona digna de ser homenajeada en el Congreso del estado de Veracruz, tal y como sucedió gracias a los oficios de su hijo Javier Herrera Borunda, del Verde, quien quiere ser gobernador del estado apuntalado por la fama de su padre quien estuvo más cerca de la criminalidad que del heroísmo.
Indicó la Corte que durante la audiencia del caso, el gobierno de México aceptó, con claridad, su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y la salud de Ascencio, derivado de la ausencia de servicios médicos oportunos y adecuados.
México pertenece a esta Corte, como lo hicieron en el pasado los gobiernos liberales con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la OEA, con la OCDE, que en este momento de definiciones están del lado contrario, listos para cualquier embestida con el actual gobierno mexicano.
Hay culpables, responsables indirectos, no resulta difícil saber quiénes fueron los soldados, quienes deben formar parte todavía del Ejército, quienes literalmente la despedazaron, y fueron encubiertos por el entonces secretario de la Defensa, el general de División, Guillermo Galván Galván, quien debe muchos encubrimientos de delitos de sus subordinados y propios.
Al igual que la inculpación de las desapariciones ocurridas hace muchos años, el actual gobierno, representante del Estado mexicano no puede evadir la responsabilidad que imponen este tipo de Cortes internacionales, a las que nada le interesa la transformación radical de los gobiernos, producto de una democracia que dicen defender, sino la permanencia de un vetusto Estado que ya no existe.
Sí entre sus objetivos se ubica la protección de la democracia, deben entender que los cambios de gobierno ocurren y de manera radical, como sucedió en México, no son cambios cosméticos como sucedió hasta antes de 2018.
Si la democracia, que ellos deben conocer muy bien, no ofrece y garantiza cambios radicales dentro de la paz y la tranquilidad social niegan su confianza en la democracia, por lo que deben saber que las sanciones a los Estados, por muy arriba que estén de los gobiernos, no pueden más que exigir la verdad y si los responsables están plenamente identificados y contribuir a su sanción penal, aportando pruebas y plasmando nombre y apellidos claramente y no con sutilezas que acusan miedo a los victimarios de derecha.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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