Por décadas, el PRI administró y profundizó un modelo hídrico subordinado al mercado como parte de la estrategia salinista de sumarse de lleno al modelo neoliberal. Hoy, en un giro político tan oportunista como predecible, ese partido a punto de la extinción dice “defender a los campesinos” ante la nueva Ley General de Aguas impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, tanto los datos como la historia legislativa, pero además la memoria de los pueblos cuenta otra cosa, el deterioro del agua en México es hijo directo del neoliberalismo priista.
Revisemos de manera objetiva los datos: entre 1989 y 2018, se consolidó un régimen hídrico privatizador y excluyente que puso al país en la crisis ambiental que hoy presenta sus mayores efectos: El 70% de las concesiones otorgadas a grandes empresas fueron entregadas entre 1992 y 2012, después de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales del gobierno de Salinas; según el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), más del 50% del volumen concesionado está en manos de apenas el 1% de los concesionarios; en estados históricamente gobernados por el PRI (Coahuila, Estado de México, Hidalgo), el crecimiento de concesiones industriales superó en 3 a 1 las concesiones agrícolas de pequeños productores. Bajo estos gobiernos, surgió el modelo de “zonas de disponibilidad cero”, que afectó directamente a miles de ejidos al impedir nuevas concesiones agrícolas mientras se mantenían intocables los títulos privados de grandes corporaciones. Por esa razón, que hoy el PRI se presente como “defensor de los campesinos” frente a la reforma es, cuando menos, una ironía histórica pues ellos fueron los operadores del marco legal que despojó a los campesinos del agua y abrieron el país a proyectos tan depredadores como minas, embotelladoras, cerveceras y la industria inmobiliaria de alto impacto.
No hay que darle muchas vueltas, la pseudo resistencia priista a la Ley General de Aguas tiene poco que ver con principios y mucho que ver con su sobrevivencia electoral pues frente a un gobierno que busca imponer límites a los abusos del mercado hídrico, el PRI intenta reposicionarse como “partido de la tierra” para recuperar bases campesinas que perdió desde los años noventa. Sin embargo, la mentirosa narrativa cae por su propio peso cuando se recuerda que los mismos que hoy protestan fueron quienes desmantelaron Banrural, privatizaron sistemas de riego y promovieron los megaproyectos extractivos que devastaron cuencas enteras en Sonora, Guerrero y Zacatecas.
Por otra parte, hay que señalar una realidad: la tibieza de algunos diputados de MORENA, pues si bien existen legisladores comprometidos con la reforma, lo cierto es que también existe un grupo que, temeroso de confrontarse con empresarios locales o perder apoyo regional, ha optado por una actitud tímida. Esto debe ser señalado pues en momentos de definición histórica, esa tibieza pesa tanto como la oposición abierta.
- Luis Tovar
Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMAH
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