Estados Unidos amplió su ofensiva financiera y judicial contra el Tren de Aragua, incluyó a la DJ venezolana “Rosita” en su lista de sancionados y elevó la recompensa por uno de los líderes del grupo criminal.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, anunció una nueva ronda de sanciones contra integrantes y colaboradores del Tren de Aragua, catalogado por Washington como un cártel terrorista de origen venezolano.
Entre los señalados destaca Jimena Romina Araya Navarro, conocida como DJ “Rosita”, identificada en México con apoyo de la Secretaría de Hacienda y la UIF, además de otros seis individuos y cuatro entidades presuntamente vinculadas al grupo criminal.
La administración estadounidense acusa a “Rosita” de formar parte de una red dentro de la industria del entretenimiento que facilitaba apoyo material al Tren de Aragua. De acuerdo al Tesoro, la artista habría organizado fiestas donde se vendían drogas para financiar a la organización y mantiene vínculos personales y operativos con figuras como Héctor Guerrero Flores, “Niño Guerrero”, señalado como uno de los jefes del grupo criminal.
De acuerdo con la nueva información, parte de los ingresos de la DJ en discotecas de Colombia —incluida Maiquetía VIP Bar Restaurant, propiedad de su exrepresentante detenido en 2024— se destinaban a las finanzas de la banda.
El gobierno de Estados Unidos elevó también la recompensa por Giovanni Vicente Mosquera Serrano, uno de los principales líderes del Tren de Aragua, hasta 5 millones de dólares, tras su reciente incorporación a la lista de los “10 más buscados del FBI”. Mosquera enfrenta cargos por tráfico internacional de cocaína y apoyo a una organización terrorista extranjera.
Las nuevas sanciones se producen en medio de la escalada retórica del presidente Donald Trump, quien ha prometido intensificar acciones contra el Tren de Aragua y ha acusado al régimen venezolano de beneficiarse de sus operaciones criminales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que bajo la actual administración se busca aislar financieramente a la organización y “proteger a los ciudadanos estadounidenses”.
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