La Contraloría capitalina investiga un esquema de venta ilegal de números económicos y desvío de recursos del programa de abasto social de agua, operado por funcionarios y piperos.
La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México investiga una red de corrupción en el suministro de agua en pipas durante la administración panista de Alfa González Magallanes en la alcaldía Tlalpan, donde servidores públicos y operadores privados habrían convertido un programa social en un negocio particular.
El esquema operaba en las zonas altas de Tlalpan, como Parres El Guarda, Topilejo, Ajusco y Chicalco, donde el abasto mediante red es limitado. Ahí, las pipas subsidiadas, creadas originalmente durante el gobierno de Claudia Sheinbaum con fines sociales, debían distribuir agua sin costo a familias afectadas por la escasez.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación, durante la gestión de González se alteró el padrón oficial de pipas para incluir unidades privadas mediante la venta ilegal de números económicos, que costaban entre 50 mil y 100 mil pesos. Con ese registro, las pipas cargaban agua como si formaran parte del programa social, pero luego la revendían a particulares y empresas, lo que les permitía así obtener ganancias indebidas.
El fraude involucró a funcionarios de alto nivel, operadores de garzas y cobradores, varios ya cesados. Entre las irregularidades detectadas figura el crecimiento anómalo del padrón, que pasó de 211 a 332 pipas, un aumento del 52%. Además, en julio de 2024, mes electoral, se sumaron siete asociaciones de piperos, lo que sumó 70 camiones más al esquema sin resolver la demanda ciudadana.
Según la Contraloría, los responsables duplicaban o falsificaban folios para simular entregas y cobraban doble, tanto a la alcaldía por viajes inexistentes como a los vecinos por el servicio. También se hallaron comprobantes falsos que permitieron desviar recursos y consolidar una red clientelar con fines económicos y políticos.
El caso ha generado tensiones con los grupos de piperos, quienes recientemente bloquearon vialidades en protesta por las medidas de control implementadas por la actual administración. La Contraloría mantiene abierta la investigación y podría presentar denuncias penales contra los implicados en los próximos días.
Con información de Josefina Quintero para La Jornada
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