El almirante Marco Antonio Ortega Siu, exjefe de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina (Semar), podría asumir nuevamente un rol protagónico dentro de la institución, con el objetivo de recomponer los canales de cooperación operativa con agencias de seguridad de Estados Unidos.
Ortega Siu, conocido por agencias estadounidenses como “El Águila”, trabajó por casi una década de manera estrecha con autoridades como la DEA y participó en operativos clave, incluyendo la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su figura es vista como un puente estratégico para reactivar una cooperación que se ha debilitado desde 2019.
El cabildeo a favor de su retorno ocurre en un momento complejo para la Marina, sacudida por el mayor escándalo de corrupción en su historia reciente: una red de contrabando de combustible dirigida presuntamente por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, acusados por la FGR de operar 69 envíos ilegales que generaron ganancias ilícitas por más de 150 millones de dólares. Ambos son sobrinos políticos del actual secretario de Marina, Rafael Ojeda.
Tras un cambio en la estrategia de seguridad nacional al inicio del actual sexenio —que privilegió un enfoque de no confrontación con los cárteles— Ortega Siu fue marginado. En 2019 fue removido de su cargo como jefe de operaciones especiales y posteriormente solicitó licencia sin goce de sueldo.
En 2022, Ortega rindió declaración ante la Fiscalía General de la República en el marco de nuevas investigaciones por el caso Ayotzinapa tras filtraciones que apuntaban a un posible encubrimiento de operativos en el basurero de Cocula. El almirante negó cualquier participación y hasta el momento no ha sido imputado.
Su posible reaparición también se da bajo el escrutinio por violaciones graves a derechos humanos cometidas por unidades de la Marina en Nuevo Laredo en 2018. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó entonces detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, incluyendo 12 ejecuciones, y emitió una recomendación por violaciones graves. Un juez federal vinculó a proceso a 30 elementos de la Marina por estos hechos.
El eventual retorno de Ortega Siu reactivaría una cooperación operativa con Estados Unidos en materia de seguridad, particularmente en acciones contra laboratorios y líderes del crimen organizado. Sin embargo, también reabriría el debate sobre los controles y salvaguardas en materia de derechos humanos aplicables a las unidades élite de la Marina.
Su reposicionamiento implicaría un viraje en la política de seguridad del actual gobierno, que desde el inicio del sexenio decidió limitar la colaboración directa con agencias extranjeras y reasignó a las fuerzas especiales de la Marina a tareas costeras.
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