El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó que Miguel Ángel Robles Villegas, señalado por resoluciones en beneficio de Grupo Salinas, dejó su cargo en agosto pasado. Persisten dudas sobre los nombres e indemnizaciones de jueces que salieron tras la reciente reforma judicial.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino informó que el juez Miguel Ángel Robles Villegas, señalado de haber favorecido a empresas de Grupo Salinas, ya no se encuentra activo. El acuerdo que lo ratificaba por seis años más quedó sin efecto, tras perder su puesto en la elección judicial realizada en julio.
De acuerdo con testimonios, Robles Villegas dejó el cargo el 29 de agosto luego de solicitar una licencia prejubilatoria ante el extinto pleno del Consejo de la Judicatura.
Un día antes, este consejo lo había ratificado como titular del Juzgado Sexagésimo Tercero Civil de la CDMX a partir del 1 de octubre. Desde ese espacio, el juez emitió resoluciones que beneficiaron a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, entre ellas la decisión de considerar la pandemia de covid-19 como un caso de fuerza mayor, lo que eximió al empresario del pago de intereses relacionados con bonos emitidos en Estados Unidos.
La magistrada Rosalba Guerrero Rodríguez precisó que Robles Villegas laboró en el juzgado 63 civil, luego desaparecido, y posteriormente en un juzgado de oralidad mercantil. Aunque señaló desconocer su desempeño, admitió que coincidió con él en actividades deportivas, pues “era uno de mis jugadores” en el equipo de futbol de jueces y magistrados.
Reforma judicial y opacidad
En paralelo, el TSJ enfrenta críticas por la falta de transparencia respecto a los jueces y magistrados que no ganaron sus cargos en la elección o que presentaron renuncias. Hasta el momento, no se han revelado los nombres ni los montos de las indemnizaciones otorgadas.
El tribunal justificó que, tras la reforma al artículo 122 de la Constitución local, la Oficialía Mayor fue eliminada, lo que generó una “imposibilidad material jurídica” para atender solicitudes de información hechas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
El Congreso de la Ciudad de México otorgó un plazo de 180 días naturales para que el Poder Judicial concrete la transición a las nuevas áreas administrativas. Con ello, la información sobre bajas e indemnizaciones no estaría disponible hasta marzo de 2026.
Con información de La Jornada.
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