Un juez federal ha ordenado la devolución inmediata de una casa a los hijos del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Esta casa fue asegurada desde 2017 en medio de investigaciones por presuntos delitos.
El Segúndo Tribunal Colegiado argumenta que el aseguramiento del inmueble fue ilegal. Esta decisión genera serias dudas sobre la efectividad del sistema judicial en México.
La defensa de Duarte alega que los delitos nunca se probaron y que la investigación fue una “farsa” promovida por el ex gobernador Javier Corral y el fiscal César Peniche. Según ellos, Corral engañó al pueblo de Chihuahua con la llamada “Operación Justicia”.
Esta operación no solo resultó en el despilfarro de recursos, sino que también dejó al estado con un legado de impunidad. La resolución del tribunal parece dar la razón a quienes critican la falta de transparencia y justicia en el caso Duarte.
El regreso de esta propiedad a los hijos de Duarte plantea preguntas incómodas sobre el uso del poder judicial para fines políticos. La ciudadanía merece un sistema que actúe con imparcialidad y que no se convierta en una herramienta de represalias.
La decisión del tribunal deja en evidencia la fragilidad del proceso judicial en casos de corrupción y abuso de poder. La sociedad chihuahuense sigue esperando justicia real y no decisiones que parezcan favorecer a los poderosos.
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