A cuatro meses de dejar la presidencia, Enrique Peña Nieto otorgó un contrato millonario a una empresa ligada al empresario israelí Uri Ansbacher, quien recientemente confesó haber sobornado al exmandatario para vender el software espía Pegasus. La compañía beneficiada, Air Cap SA de CV, fue declarada empresa fantasma por el SAT en abril de 2025 y aún así recibió pagos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El contrato, por 4.2 millones de dólares, fue firmado el 31 de julio de 2018, cuando AMLO ya había ganado la elección. Air Cap acumuló adjudicaciones por casi mil millones de pesos entre 2017 y 2020, tanto con el gobierno federal como con el Estado de México. En 2021, una investigación internacional reveló que la empresa fue parte de la red usada para triangular la venta de Pegasus a dependencias mexicanas.
A pesar de los señalamientos, el gobierno de AMLO mantuvo a Air Cap en su padrón de contratistas y la Sedena incluso le envió invitaciones para cotizar servicios entre 2019 y 2020. La deuda por el contrato firmado al final del sexenio peñista se terminó de pagar hasta 2020, según documentos oficiales obtenidos por MCCI.
La empresa también recibió 784 millones de pesos en contratos del gobierno de Alfredo del Mazo, primo de Peña, para sistemas de videovigilancia, bloqueadores de señal y brazaletes electrónicos. Del Mazo, expulsado del PRI en 2024, fue señalado en su momento por ocultar una cuenta en Andorra con 1.5 millones de euros.
Los domicilios registrados por Air Cap van desde oficinas virtuales hasta departamentos en Iztapalapa y Tepito, lo que refuerza su perfil como empresa fachada. Aun así, logró colarse a contratos clave en seguridad nacional, con adjudicaciones directas bajo el argumento de confidencialidad.
En Israel, la disputa legal entre Ansbacher y su socio Avishay Neriah destapó el presunto pago de 25 millones de dólares a Peña Nieto. Aunque el expresidente lo ha negado públicamente, la FGR ya abrió una carpeta de investigación. Mientras tanto, Air Cap se mantiene como símbolo de la impunidad en los negocios con el Estado.
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