Aunque el gobernador de California Gavin Newsom no lo quería, Donald Trump se salió con la suya. Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos le dio la razón y confirmó que su decisión de desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles fue legal, a pesar de la oposición directa del mandatario estatal.
El fallo frena una decisión previa que acusaba al presidente estadounidense de haber actuado de forma ilegal al enviar tropas sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom, en medio de las protestas que estallaron tras redadas migratorias y actos de violencia durante manifestaciones.
Por unanimidad, tres jueces del Noveno Circuito concluyeron que Trump tenía una base jurídica para asumir el control de las fuerzas estatales. Según el tribunal, se justificó la acción al presentar pruebas de que hubo agresiones a agentes federales y daños a edificios públicos. Entre los incidentes citados: lanzamiento de concreto, líquidos y otros objetos, además del ataque a una camioneta oficial.
Este despliegue marcó un hecho inédito en décadas: fue la primera vez desde 1965 que un presidente federalizó una Guardia Nacional estatal sin el visto bueno del gobierno local. En otras palabras, Trump logró lo que ni siquiera sus predecesores se atrevieron a hacer.
Así, mientras el gobernador Newsom intentaba frenar lo que consideró una extralimitación de poder, el presidente gringo mostró que cuando se trata de imponer su voluntad, ni siquiera necesita enemigos extranjeros: con sus propias instituciones basta.
La Corte también dejó claro que, aunque los presidentes no tienen carta blanca para controlar la Guardia Nacional, en este caso “el interés federal era significativo”, considerando el “contexto violento” de las protestas.
Una vez más, Trump no sólo desafió a sus oponentes políticos, sino también los límites de lo que parecía permitido. Y, de nuevo, salió ganando.
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