Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), se opone a las modificaciones de la Ley General de Transparencia. Asegura que estas reformas “pisotean al municipalismo”, pero su verdadero temor parece ser la pérdida de control en su alcaldía.
La ANAC presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los argumentos de Tabe han sido considerados vacíos, reflejando su interés por mantener privilegios personales y políticos. La ley busca fortalecer la transparencia, pero Tabe la presenta como una amenaza.
El alcalde sostiene que las nuevas reglas entregan más poder a las autoridades federales. Sin embargo, su inquietud real podría ser que su administración quede expuesta por posibles irregularidades. Este temor se manifiesta en su rechazo a una ley que busca proteger los derechos de los ciudadanos a acceder a información pública.
Tabe ha criticado el uso del discurso de austeridad, alegando que solo afecta a los gobiernos municipales. Sin embargo, su estilo de vida lujoso contradice su discurso. La ley de transparencia, según él, no garantiza el acceso a la información. En cambio, sugiere que permite al gobierno decidir qué información se comparte.
Esta postura resulta cuestionable. Muchos ven su declaración como un intento de operar sin supervisión. Tabe quiere mantener el poder sin rendir cuentas, utilizando la transparencia como un chivo expiatorio.
La ANAC argumenta que los municipios tienen facultades propias y no deben ser subordinados al gobierno federal. La ley impugnada impone sanciones desproporcionadas que no se alinean con la realidad de los municipios. Tabe y sus aliados buscan que la Corte respalde sus intereses, lo que podría perpetuar su ambición de poder.
En resumen, el intento de Tabe de desacreditar la ley de transparencia revela su verdadero objetivo: proteger su administración y sus privilegios, en lugar de promover una mayor rendición de cuentas.
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