Organizar elecciones para que nadie participe

Corremos el riesgo de que la elección del Poder Judicial de la Federación no sea un fracaso. El riesgo de que el electorado se interese en ella y participe en un proceso que no sólo será histórico, complejo y que trastocará la relación entre la impartición de justicia y la ciudadanía. Si bien no transformará nada de fondo, abrirá la posibilidad de que el tigre le arrebate un poco de control al Estado y el Poder Judicial deje de alinearse con los dos polos de poder en nuestro país: el político y el económico, para constituir un orden tripolar, no alineado, que rompa el sano equilibrio que los dueños del capital han construido para someter al mandamás en turno. Desde luego que esto no significa que la ciudadanía se verá verdaderamente beneficiada. No, no es para tanto. Pero sí que la clase privilegiada tendrá que esforzarse un poco para no ver afectados sus privilegios.

Es por ello que debemos celebrar y defender el acuerdo que se alcanzó en el Instituto Nacional Electoral para prohibir a toda la estructura gubernamental promover la participación ciudadana en la elección judicial. Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anula ese heroico párrafo, propuesto por Arturo Castillo, emblemático defensor del cambio radical que mantenga todo en su lugar, que establece que “ni las personas servidoras públicas no candidatas, ni las autoridades o instituciones públicas pueden emplear recursos públicos para promover el voto, la participación ciudadana en la elección o crear espacios para la difusión de los perfiles de las candidaturas”, la elección del Poder Judicial de la Federación podría —horror del más horrífico de los horrores— contar con la participación ciudadana. Vaya paradoja, tener un órgano electoral que organice elecciones en las que nadie participe y terminar con una elección en la que el electorado manifieste su voluntad en las urnas.

Si todo el mundo, como sugiere con anárquico anarquismo, Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral, estuviera “promoviendo que saliéramos a votar”, nos podríamos ver envueltos en una envolvente envoltura de participación ciudadana de la que —independientemente del resultado electoral— no puede surgir nada bueno. Que la gente imagine que tiene voz y voto, es igual de peligroso a que la gente, genuinamente, tenga voz y voto. Años de una dictadura perfectamente calificada como perfecta por uno de los más fieles promotores de la perfección dictatorial, y una simulada transición democrática que inauguró la alternancia como fase superior de la dictadura perfecta, no se pueden tirar por la borda sólo porque un grupo de cuatreros cuatroteros de cuarta quieren montar su segundo piso y darle al traste a la preservación de los privilegios de unos pocos como beneficio para todos. La ciudadanía será ciudadanía en la medida en que acate lo que el mercado dicte que es ciudadanía o no será ciudadanía. Ciudadano que pretende pensar por sí mismo, es un peligro para el Estado y sus patrones.

Entrados en gastos

Si renunciamos al principio rector que dicta que el INE es la autoridad del Estado mexicano que cuenta con las atribuciones exclusivas para la ejecución de actividades tendientes a la promoción del voto y de la participación ciudadana en el contexto del actual proceso electoral, y a la restricción que obliga a otras instancias del Estado mexicano, que quieran promover la participación en la elección judicial, a ceder al INE sus espacios en radio y televisión, y permitimos que los poderes del Estado promuevan libremente la participación ciudadana, atenderemos atentantemente en contra del fundamento gatopardista del entramado institucional mexicano que tantos años le ha tomado construir a la privilegiada clase privilegiada, el fundamento que permite que todo siga como está, aceptando la necesidad de que todo cambie.