El dinero es mejor que la pobreza,
incluso cuando sólo sea por razones financieras.
Woody Allen
Hace unos días se dieron a conocer los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Entre tantos dimes y diretes y jaloneos, lamentablemente el tema pasó casi desapercibido. Digo que es una pena porque esta encuesta es un ejercicio estadístico que revela cambios significativos en el acceso y uso de servicios financieros en México, cambios que, en general, deberían ser motivo de satisfacción. Veamos por qué.
La ENIF, realizada por el INEGI en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporciona información clave para evaluar el estado de la inclusión financiera en el país. Expresado de manera sencilla, mide qué tan accesibles son los servicios financieros formales para la población y qué tan extendido está su uso en todo México. Dicho acceso depende no sólo de la capacidad económica de las personas (es decir, de que tengan dinero para utilizar estos servicios), sino también de la infraestructura disponible: sucursales bancarias, cajeros automáticos, corresponsales bancarios y otras herramientas que facilitan la intermediación financiera.
En cuanto a los servicios financieros evaluados, se consideran los más relevantes en la vida cotidiana: cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y de débito, seguros, fondos de inversión y de retiro y métodos de pago electrónicos, entre otros.
La ENIF se ha aplicado en cinco ocasiones: 2012, 2015, 2018, 2021 y la más reciente, realizada entre el 24 de junio y el 16 de agosto de 2024. Sus resultados tienen representatividad nacional y pueden desagregarse según el tamaño de la localidad (menos de 15 mil habitantes o más de 15 mil habitantes), así como por regiones. La encuesta toma en cuenta a la población de entre 18 y 70 años, grupo en el que se concentra la mayor parte de la actividad económica y financiera del país.
Los datos de la ENIF 2024 muestran un avance considerable en la inclusión financiera en México. Hace menos de un decenio, en 2015, sólo el 68.4% de la población tenía al menos un producto financiero contratado. Estamos hablando de una cuenta o una tarjeta de ahorro, un crédito, un seguro o una cuenta de ahorro para el retiro o afore. Bien, repito, en 2015, el 68.4% de la población tenía al menos un producto financiero contratado. Para 2024, esta proporción ha aumentado casi diez puntos porcentuales, para pasar a 76.5%, lo que implica que más personas tienen acceso a herramientas que pueden facilitar su estabilidad económica y su planificación financiera con un poco más de tranquilidad.
Ahora, considerando únicamente un producto financiero específico, la cuenta de ahorros formal, el cambio es mucho más notorio. Hace diez años apenas el 44% de la población contaba con una cuenta de ahorro formal. Tres años después, la proporción aumentó ligeramente, a 47.1% Sin embargo, el salto que podemos observar seis años después es impresionante: aumenta más de 15 puntos porcentuales, para ubicarse en 63%
¿Cómo explicar un cambio tan pronunciado? Me parece que no hay que echar a volar la imaginación para hallar la respuesta. Además, la propia ENIF provee pistas muy claras. Por ejemplo: resulta que el 24.1% de las primeras cuentas de ahorro en localidades de menos de 15 mil habitantes, es decir, prácticamente una de cada cuatro, fueron generadas por la entrega de algún apoyo gubernamental, claro, en primerísimo lugar, los programas de bienestar.
Otro dato que me parece destacable es el siguiente: mientras que según la ENIF 2021 el 33.9% de la gente no tenía ningún tipo de ahorro, ni formal ni tampoco informal, sólo tres años después, en 2024 ese porcentaje se redujo más de seis puntos porcentuales. Hoy pues en México más gente puede ahorrar. Se dice fácil, ¿no?
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