El día de ayer, lo que parecía ser una protesta pacífica de jubilados frente al Congreso de Argentina se convirtió ayer en el escenario de la mayor represión policial desde la llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023. El reclamo, que contaba con el apoyo de hinchas de fútbol, sindicatos y movimientos sociales, exigía una actualización de las pensiones y la continuidad de la moratoria previsional que vence en marzo. Sin embargo, la movilización derivó en un violento enfrentamiento cuando las fuerzas de seguridad intervinieron para desalojar a los manifestantes.
La protesta había comenzado de manera tranquila. Los jubilados, afectados por los bajos ingresos que los condenan a la pobreza, exigían no solo el ajuste de las pensiones, sino también la restitución de la cobertura de medicamentos. Sin embargo, el amplio despliegue policial, con efectivos armados con escudos y bastones, rompió rápidamente con la calma del lugar.
En cuestión de minutos, los agentes arremetieron contra los manifestantes utilizando gases lacrimógenos y golpeando a quienes se encontraban en la zona, despejando así la avenida Entre Ríos, frente al Palacio Legislativo. El gas irritante causó ardor en los ojos, la garganta y las fosas nasales de los presentes, muchos de los cuales no lograban comprender el nivel de violencia desplegado.
A medida que los manifestantes intentaban reagruparse, un camión hidrante avanzó por la avenida Bartolomé Mitre expulsando potentes chorros de agua para dispersar a quienes persistían en acercarse a la plaza. En medio de la confusión, algunas voces alzaron consignas contra el gobierno y las fuerzas de seguridad, entonando canciones que denunciaban el abuso policial y cuestionaban el accionar gubernamental con frases como “Milei, vos sos la dictadura” y “qué triste debe ser tener que pegarle a un jubilado para poder comer”.
La represión sorprendió incluso a quienes estaban acostumbrados a presenciar las tradicionales manifestaciones de los miércoles frente al Congreso, donde los jubilados históricamente se reúnen para exigir mejoras en sus condiciones de vida. Esta vez, el habitual acto de resistencia pacífica se transformó en una postal de violencia estatal, generando una fuerte reacción social y cuestionamientos hacia la gestión del gobierno.
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