Hace unos días, uno de los temas que más resonaron en el país e incluso a nivel internacional fue la respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum al señalamiento de que los cárteles de la droga mexicanos son organizaciones terroristas. La mandataria aseguró que, de ser calificadas de esa manera, las armerías norteamericanas serían cómplices, pues dotan de la mayoría de las armas de alto calibre a las bandas criminales mexicanas.
Con gran autoridad, Sheinbaum recordó a los estadounidenses que el arsenal con el que cuentan estos grupos criminales proviene, en su mayoría, de Estados Unidos. Sus palabras no solo fueron un acto de firmeza diplomática, sino también un recordatorio de una verdad incómoda: la violencia en México no solo está alimentada por el alto consumo de drogas en Estados Unidos, si no, también por las armas que cruzan la frontera norte.
Este hecho me hizo recordar una investigación que realicé en 2019, donde documenté que al menos el 70% del tráfico de armas de alto calibre en México tiene su origen en Estados Unidos. En aquel entonces, señalé en un artículo que para reducir la violencia en nuestro país era necesaria una cooperación bilateral real y efectiva. Esto fue mucho antes de que México presentara la demanda contra las armerías estadounidenses.
En ese año, Donald Trump ocupaba la Casa Blanca y era principalmente él quien impedía cualquier intento de regulación en la venta de armas, escudándose en la Segunda Enmienda, a pesar de los constantes tiroteos en escuelas y espacios públicos en su propio país. Ahora, con su inminente regreso al poder, es difícil imaginar un cambio en su postura.
El panorama para México luce complicado. La negativa histórica de Estados Unidos a asumir su responsabilidad en el tráfico de armas, sumada a la retórica belicista de Trump y sectores ultraconservadores que insisten en intervenir en nuestra seguridad interna, auguran años de tensiones diplomáticas. Ante esto, el gobierno mexicano tendrá que mantener una estrategia firme y clara para exigir el control de armas y evitar que nuestra crisis de violencia se siga alimentando desde el otro lado de la frontera.
Es fundamental recordar que esta no es solo una cuestión política, sino una crisis humanitaria. Detrás de cada arma traficada hay una historia de dolor: familias desmembradas, comunidades aterrorizadas y vidas truncadas por la violencia que estas armas facilitan. No podemos reducir este problema a un mero debate diplomático cuando sus consecuencias son tan devastadoras en el tejido social mexicano.
Además, la hipocresía del gobierno estadounidense queda expuesta cuando criminaliza a los migrantes que huyen de la violencia, mientras permite que sus propias empresas lucren con la venta indiscriminada de armas. Si realmente les preocupara la seguridad en la región, tomarían medidas efectivas para frenar el tráfico de armas en lugar de buscar excusas para intervenir en la soberanía de México.
El reto está sobre la mesa. México debe fortalecer sus instituciones de seguridad y justicia, pero al mismo tiempo exigir con contundencia que Estados Unidos asuma su parte de responsabilidad. No basta con discursos, ni con demandas simbólicas: es momento de acciones concretas. Mientras las armas sigan fluyendo con facilidad desde el norte, el sur seguirá contando sus muertos.
Y si el mandatario norteamericano amenaza con aranceles para hacer lo que ellos quieran, entonces México deberá pensar que producto norteamericano deberíamos de desincentivar en el país a través de aranceles. Puede ser que los productos agrarios norteamericanos están de más en México.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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