El pasado 21 de diciembre, el juez Sergio Santamaría Chamú, del Primer Distrito en Morelia, Michoacán, ordenó la suspensión inmediata del proceso electoral extraordinario 2024-2025, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), destinado a elegir jueces de distrito y magistrados de circuito. Esta decisión es una muestra de la resistencia que se muestra hacia la reforma que busca democratizar el Poder Judicial y abrirlo a una mayor participación ciudadana.
El fallo también prohíbe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Tesorería de la Federación extinguir los fideicomisos y fondos que administra el Poder Judicial. Estos recursos, que se encuentran bajo administración interna, han sido señalados por su falta de transparencia y su función en el mantenimiento de privilegios exclusivos para altos funcionarios judiciales.
La resolución detalla que el INE debe cesar de inmediato las actividades relacionadas con las elecciones extraordinarias y que Hacienda deberá abstenerse de reducir o cancelar las pensiones complementarias asignadas a funcionarios judiciales retirados. Además, impone una multa de 107,570 pesos a los 11 consejeros del INE y a dos funcionarios federales. De no cumplir con la orden, se les aplicará una sanción económica adicional por el mismo monto.
Fideicomisos bajo protección judicial
El juez ordenó explícitamente evitar cualquier acción dirigida a extinguir, reducir o modificar los fideicomisos del Poder Judicial. Según el dictamen, estas medidas se justifican en la necesidad de preservar los recursos asignados a esta institución. Sin embargo, el mantenimiento de estos fideicomisos ha generado cuestionamientos sobre su función y el destino de los recursos que concentran.
Suspensión del proceso electoral
El dictamen también establece que el Consejo General del INE debe detener el proceso electoral en la etapa en la que se encuentra. La reforma, que dio origen a este proceso, pretendía garantizar mayor pluralidad en la elección de jueces y magistrados, evitando el control discrecional por parte de las cúpulas del Poder Judicial. La suspensión de este proceso electoral pone en pausa dichas aspiraciones de cambio.
Los involucrados tienen un plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación oficial, para acatar las disposiciones del juez. Las notificaciones oficiales se entregarán en las oficinas del INE y Hacienda una vez concluidas las festividades navideñas, momento en el que comenzará a correr el plazo para cumplir con las órdenes judiciales.
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