En un polémico caso que ha suscitado indignación entre activistas y defensores de derechos humanos, el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, solicitó una pena de tres años de prisión y una multa de más de 500 mil pesos para una menor de 14 años que sufrió un aborto espontáneo tras quedar embarazada producto de una violación. Según el representante de la Fiscalía General del Estado (FGE), se busca que la menor enfrente un proceso en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes.
El incidente ocurrió en el municipio de Huimilpan, cuando la adolescente, sin saber de su embarazo, experimentó una hemorragia que derivó en el aborto espontáneo. Durante su traslado a un hospital, los cuerpos de emergencia dieron aviso a las autoridades, lo que desató la actual investigación en su contra. Según Mayra Dávila, presidenta de la asociación Adax Digitales, la menor ha estado bajo arraigo domiciliario mientras se mantiene abierta una carpeta de investigación por presunto homicidio en contra de un feto de 36 semanas.
Defensa Denuncia Criminalización y Revictimización
La defensa de la menor, respaldada por Adax Digitales, ha expresado su inconformidad ante lo que consideran una persecución que ignora las circunstancias del caso. “Solicitamos que se desestimaran pruebas revictimizantes y sin relación con el caso, pero se nos negó”, indicó Dávila, agregando que el proceso ha sido especialmente revictimizante para la joven, quien fue víctima de una agresión sexual.
Aunque el fiscal de Querétaro asegura que no se han judicializado casos por aborto en la entidad, desde la asociación se advierte que se continúan abriendo investigaciones por este tipo de casos, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha declarado inconstitucional la criminalización del aborto. Dávila apuntó que esta situación refleja una clara intención de criminalizar la interrupción del embarazo, incluso en situaciones donde no existe dolo ni voluntad, como lo ocurrido con la menor.
Aborto en Querétaro: Una Política Restrictiva que Ignora el Fallo de la Suprema Corte
Querétaro, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), mantiene una de las políticas más restrictivas del país en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes, a pesar de la resolución de la SCJN que declara inconstitucional la penalización del aborto. Activistas han denunciado que estas políticas perpetúan un sistema de violencia estructural que vulnera los derechos de las víctimas y fomenta la violencia de género.
La solicitud de una pena de cárcel y una sanción económica para la menor representa, según los defensores de derechos humanos, una “doble victimización”, pues obliga a la adolescente a enfrentar un proceso legal que, lejos de buscar justicia, refuerza prácticas punitivas contra quienes han sido víctimas de violencia sexual.
Este caso ha suscitado fuertes críticas y llamados para que el gobierno de Querétaro revise sus políticas en temas de derechos reproductivos, priorizando la protección de las víctimas por encima de posturas punitivas que obstaculizan la justicia y la dignidad.
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