El Congreso de la Ciudad de México aprobó castigos mucho más severos contra el despojo de inmuebles, un delito que en siete años dejó casi 29 mil investigaciones abiertas. Las penas ahora pueden llegar hasta 11 años e incluso duplicarse en casos graves y aumentan cuando participan servidores públicos, notarios o se utiliza documentación falsa.
Un paquete de reformas que fortalece la respuesta del Estado frente al avance del despojo de inmuebles en la capital fue aprobado. El Congreso de la Ciudad de México avaló con una votación unánime de 58 legisladores, el pleno aprobó ajustes al Código Penal y a diversas leyes civiles y registrales para elevar las sanciones y cerrar la puerta a prácticas fraudulentas que en los últimos años han puesto en riesgo el patrimonio de miles de familias.
Durante la sesión, la legisladora Jannete Elizabeth Guerrero Maya advirtió que este delito ha dejado consecuencias profundas en personas adultas mayores, mujeres y comunidades vulnerables, pues despojar a alguien de su vivienda significa arrebatarle no sólo sus bienes, sino su estabilidad y dignidad. La reforma incrementa la pena mínima de seis años y eleva la máxima a 11 años de prisión, acompañada de multas que pueden alcanzar las 200 mil UMAs, equivalentes a alrededor de tres millones 400 mil pesos.
El dictamen también establece condiciones en las que las sanciones se aplicarán con mayor severidad, como cuando el delito se cometa contra personas mayores, menores de edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o integrantes de pueblos indígenas. Además, las penas aumentarán si interviene un servidor público, si existe parentesco entre víctima y agresor, si se simulan cargos de autoridad, si hay suplantación de identidad, si participa un notario o si el ilícito se comete en grupo. En escenarios especialmente graves, las sanciones podrían duplicarse hasta alcanzar los 22 años de cárcel.
El diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del PAN, subrayó que estas reformas buscan fortalecer la certeza jurídica en la capital ante el incremento sostenido de este delito. De acuerdo con datos oficiales, en los últimos siete años se han abierto alrededor de 29 mil carpetas de investigación relacionadas con despojo, una tendencia que, de acuerdo con el legislador, justificó plenamente la necesidad de elevar las penas y robustecer los mecanismos de prevención.
Las modificaciones no sólo involucran al Código Penal, sino también al Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado, con el objetivo de atacar las distintas formas en que operan los despojadores. Entre los métodos más comunes, las autoridades identifican el uso de documentos falsificados, la violencia física o moral y la ocupación ilegítima de inmuebles aprovechando vacíos legales o disputas de propiedad.
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