14 departamentos de City Towers pertenecen a altos funcionarios del PAN; se relacionan con el Cártel Inmobiliario

El abogado Rodrigo Muñoz Dromundo, víctima de fraude del cártel inmobiliario, denunció que 14 departamentos del complejo City Towers pertenecen a altos funcionarios del Partido Acción Nacional (PAN).

El abogado defensor dijo que se dará a conocer el listado completo de los dueños con departamentos en City Towers. Y adelantó en sus declaraciones que entre quienes figuran, se encuentra el actual alcalde de la delegación Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina.

Asimismo, afirmó que en la lista de panistas también se encuentra Federico Chávez, sustituto de Christian “N” como diputado local y quien fue secretario particular en la jefatura delegacional.

El abogado defensor de las familias defraudadas en este caso también señaló que los hermanos Luis y Víctor Mendoza, el primero aspirante a gobernar la demarcación Benito Juárez y el segundo prófugo de la justicia; también tienen departamentos en el complejo City Towers. Así como Raúl Torres, actual diputado del PAN en el congreso de la CDMX.

Al cuestionar en una entrevista al defensor legal si el diputado federal Jorge Romero también cuenta con un departamento, el abogado dijo “yo estoy seguro que sí, pero no lo hemos detectado; sospecho que él utiliza prestanombres, igual que Santiago Taboada, (…). Todos están coludidos hasta las manitas”.

Rodrigo Muñoz, añadió que uno de los elementos más relevantes en el caso fue la declaración del empresario de City Towers, quien confesó haber entregado millones de pesos a Christian “N”, para avalar la construcción del inmueble ubicado en avenida Popocatépetl 415, por lo que añadió que es muestra de que el cártel inmobiliario existe, y como parte de su modus operandi está la extorsión a empresarios desarrolladores.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Ernestina Godoy señaló que ante la captura del exdelegado de la alcaldía Benito Juárez, Christian “N”, ahora le corresponde a la Fiscalía presentar las pruebas técnicas, financieras y documentales que se reunieron para probar la existencia de diversos delitos cometidos por el exfuncionario.

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